lunes, 28 de enero de 2008

EL LEHENDAKARI ANTE EL PLAN: "AUDAX ET CAUTUS" *

La nueva iniciativa del Lehendakari. El Lehendakari, en el discurso del pasado 28 de septiembre, ha reivindicado una "responsabilidad histórica" para su "gobierno elegido por los ciudadanos, pero también para este Parlamento como representante de la voluntad popular" ante la paz y la normalización política. El protagonismo para resolver dichas cuestiones debe ser, en adelante, para las instituciones vascas. Esta es la manera de que sea la propia sociedad vasca la que desempeñe el papel protagonista en la búsqueda de soluciones para ambas cuestiones.

En la nueva iniciativa del Lehendakari se establece una "hoja de ruta" con una definición de objetivos por fases. La primera de ellas propugna un "pacto con el Estado" que abriría el paso a un proceso de acuerdo entre los representantes vascos, en una versión del "no imponer/no impedir", que difiere el final dialogado de la violencia al momento en que se den las condiciones previstas en el artículo 10 del Pacto de Ajuria-Enea y de la resolución del Congreso de mayo de 2005. En una segunda fase, se propondría la convocatoria por el Parlamento Vasco de una consulta popular que refrendara el pacto alcanzado o que habilitara el inicio de un proceso de resolución, que sería a su vez plebiscitado al final de este ciclo, en el año 2010.

No me resisto a realizar un comentario en relación con el derrotero frentista que de inmediato ha adquirido el debate en torno a esta iniciativa. La naturaleza de la primera fase es de búsqueda de pacto. Es decir, el trabajo a favor de un acuerdo político con el presidente Zapatero precede en el tiempo a las fases subsiguientes. El apresuramiento, por su parte, de los aguafiestas de la política que utilizan la consulta como atizador de antagonismos atávicos, socava los esfuerzos y posibilidades de éxito de cualquier intento de acuerdo o pacto. Si no queremos un régimen de "guerra social perpetua", ahora toca crear oportunidades para el pacto y el acuerdo. Todo lo que sea distraer recursos de discurso y acción de este objetivo será un grave error que perjudicará al objetivo de pactar.

"En los grandes asuntos, pocos yerro" sugirió Hans Jonas en su obra "el principio de la responsabilidad". Ante estos grandes asuntos, también el Lehendakari se ha pronunciado por evitar errores. En su discurso, Ibarretxe realiza un desarrollo inventario de aquellos errores que han llevado al fracaso las estrategias ensayadas en el pasado. El apartamiento de la sociedad vasca de los procesos de paz, error decisivo en este proceso frustrado, merece una mención cualificada en el discurso del Lehendakari, elevada al superior nivel de "enseñanza fundamental que nos ha dejado este intento fracasado".

¿Una iniciativa mas? Lo curioso, sin embargo, del discurso del Lehendakari es que cuando se refiere a que el esfuerzo ha merecido la pena, apelando acto seguido a la responsabilidad de los políticos para intentarlo una y mil veces, no condicione el ejercicio de la misma al aprendizaje previo de esa enseñanza fundamental que nos ha dejado el último fracaso. El esfuerzo será, sin embargo, vano sin la intervención de la sociedad vasca, materializada de manera directa y a través de los mecanismos democráticos por ella mismo instituidos.

En este contexto, el Lehendakari ha formulado una iniciativa de carácter vigoroso, planteada de forma de un desafío trascendente, que pretende llevar al país a superar la espiral de antagonismo y entrar en un nuevo ciclo de convivencia política, basada en el reconocimiento y en el mutuo acomodo de las diferentes maneras de ser y actuar en Euskadi, en lo político, en lo cultural y en lo social y que busca asimismo restablecer el respeto al derecho de los vascos a decidir su futuro. Es posible que sin ese estilo categórico, rotundo, que posee la iniciativa de Ibarretxe, al Gobierno Vasco no le hubiera sido posible rescatar para sí el liderazgo en los temas de la agenda vasca. Agenda vasca sobre la que, si hemos de hacer caso al monográfico ‘2005-2007, Proceso de negociación’ de GARA, negociaban Zapatero y ETA, asistidos por los mediadores del instituto Henri Dunant.

La iniciativa de Ibarretxe es vigorosa, rotunda en sus principios, firme en sus compromisos y precisa en las fases de su hoja de ruta. Pero, su discurso, lamentablemente, no es tan rigurosamente concluyente en la defensa del liderazgo efectivo de las instituciones vascas como conjunto de actores legitimados (por encima de las mesas ‘ad hoc’, aunque reúnan a lo más ilustre de la partitocracia vasca) para la resolución democrática de los problemas. El problema que al lehendakari le puede ocasionar esta desatención es que su iniciativa sea entendida como una más a añadir al montón, incluso que se la tilde de partidista, y no sea reconocida como la iniciativa que plantea la máxima autoridad del país, en respuesta al mandato popular.

Se ha dicho que es peligroso confundir la paz y la política porque la urgencia de la paz puede llevarla a que prevalezca sobre el desarrollo democrático de la política, entregando la llave de las decisiones políticas a ETA. Ciertamente, es inaceptable un chantaje que lleve a supeditar el desarrollo de los procesos políticos (en marcha o en previsión, que se han desplegado, se despliegan o se desplegarán con arreglo a modos democráticos) a la gestión de la paz. Pero, la paz también es una cuestión política. Los llamados ‘temas técnicos’ (desarme, víctimas, presos) tienen serias implicaciones políticas y sociales, afectan también a la sociedad vasca y al éxito de su convivencia, y deben ser gestionados con la transparencia y la participación social que sólo se puede organizar desde las instituciones políticas. Y con la referencia a las instituciones me refiero a las propiamente vascas.

Entre ambos términos (la paz como negociación política con cesión de contrapartidas a ETA y la paz como cuestión técnica, ambas marginando a las instituciones vascas) se han desarrollado todas las iniciativas de paz en los últimos veinte años. De ahí que el fracaso de todos los expedientes iniciados como ‘proceso de paz’ (Argel, Lizarra y Anoeta) provengan de un origen común, la imposibilidad de gestionar la paz al margen del proceso democrático vasco, entre agentes sin legitimidad democrática.

Conviene insistir en ello, porque la paz y la normalización son problemas que nos conciernen directamente. Toda apuesta por resolver estas cuestiones podrá ser bienvenida siempre que los vascos participemos en ella, ya que el hecho de que se ponga en juego nuestro futuro al margen de nuestra voluntad haría de la apuesta, además de un intento inútil, un fraude inaceptable para la sociedad vasca desde un punto de vista democrático. Si ejercer la decisión es un bien que merece protagonizar la iniciativa del lehendakari, renunciar a ejercer esa decisión en favor de sujetos no representativos de los vascos es un mal enorme. En este sentido, Elgoibar, Loiola y Ginebra son ejemplos actuales de esta expropiación -por parte de gentes y agentes no habilitados- del protagonismo a la sociedad vasca y sus instituciones.

El ‘¿qué hacer?’ de ETA y el MLNV. Es cierto que la mayor responsabilidad de los fracasos en los intentos de paz corresponde a ETA. Su actitud ante esta nueva ocasión no ha sido novedosa. Ha interpretado el ‘alto el fuego’ como lo ha hecho siempre, es decir como un instrumento de distensión para verificar avances políticos consistentes, como ´un arma de lucha¨, una ‘ekintza’ más para tratar de obtener contrapartidas de valor estratégico.

Los que creían que había indicios verificables de que en ETA existía una voluntad de liquidación, probablemente se habrán dado cuenta de su error. De todas formas, en el proceso ETA también asumía sus riesgos. La organización terrorista ha podido conseguir algunos importantes tantos, cargados de simbolismo: su reconocimiento como interlocutor y el carácter bilateral del alto el fuego con garantías para ambas partes, su participación en diálogos sobre contenidos políticos, la implicación internacional,… Pero, el proceso también ha fracasado para ETA: no han conseguido las contrapartidas, la represión se ha reactivado de forma severa, su frente de masas se vuelve a desmoronar y el lehendakari y el Gobierno Vasco vuelven a tomar la iniciativa.

En buena medida, el fracaso de la estrategia de ‘guerra popular’ de ETA en Euskadi no se debe a la falta de capacidad de ETA de hacer la guerra, sino a la debilidad del factor de apoyo popular a la lucha armada. ¿Es esto una casualidad? No, en absoluto. Lo que sucede es que la gran actividad de las instituciones vascas recuperadas en el año 1979, en las que están representadas todas las opciones políticas, y su éxito en la gestión pública han amalgamado el respaldo popular y consecuentemente han centrifugado el apoyo social al juego sectario de los organismos del MLNV.

Con la nueva propuesta del lehendakari, ETA retorna a un escenario que no protagonizan, en el que su iniciativa política va a depender primordialmente del poder coercitivo, de la actividad armada de la organización terrorista. Mientras tanto, la izquierda radical, a través de sus diferentes organizaciones, sostendrá una línea de resistencia y respuesta ante el endurecimiento de su persecución y, paralelamente, buscará situar la centralidad del debate y la agenda políticas en la resolución del conflicto violento, con la idea de retomar el proceso de paz.

No me queda ninguna duda que la posición parlamentaria que EHAK vaya a adoptar ante la iniciativa del lehendakari va a responder a estos parámetros, que persiguen el efecto de que ETA vuelva a ser el guardián de las llaves del proceso político vasco. Por supuesto, los agentes políticos de la izquierda radical se mantendrán en sus posiciones estratégicas que, hoy por hoy, vienen a materializarse en la propuesta del Anaitasuna y combinarán oposición y apoyo al plan del lehendakari con el fin de condicionar la posición del Gobierno y del tripartito y con la vista puesta en impedir que el nacionalismo pueda incrementar su hegemonía política en las próximas citas electorales, especialmente en las autonómicas.

El objeto de la estrategia del MLNV es, finalmente, que el plan institucional fracase, que las instituciones fracasen y que el lehendakari fracase. Si el plan y sus impulsores quedasen amortizados por tal fracaso, ETA se frotaría las manos. Los terroristas se verían sin rivales en la interlocución con el Estado. El conflicto a resolver no sería el conflicto vasco, sino el conflicto de ETA. La normalización política y el proceso de paz significarían la misma cosa, la negociación con ETA.

El liderazgo del lehendakari y las instituciones vascas. Hoy por hoy es el Parlamento Vasco la institución que más democráticamente representa la pluralidad política de Euskadi, con la presencia de todas las opciones políticas sin exclusión. El lehendakari, por su parte, es la primera autoridad en esta comunidad en la que viven la mayoría de los vascos. Encabeza las instituciones con mayor tradición democrática y con más prestigio histórico de todas las que hoy representan a los vascos de las diferentes comunidades. Si alguien tiene legitimidad para adoptar una iniciativa de este estilo es, sin duda, el lehendakari.

Así, a estas instituciones representativas corresponde organizar la participación efectiva de nuestra sociedad en las grandes tareas de la pacificación y la normalización, para que las soluciones que a esos problemas corresponden no se puedan adoptar al margen de los deseos de la sociedad vasca.

No faltarán, sin embargo, quienes traten de impugnar la legitimación de la primera autoridad vasca. No le resultará fácil por ello ejercer el inmenso trabajo de liderazgo que requiere esta propuesta. En su gestión debe ser ‘audax et cautus’. Creo que debe defender con audacia la responsabilidad histórica de nuestras instituciones ante esta tarea, organizando una auténtica ofensiva política a favor de la legitimación de éstas, que impregne la totalidad de la piel social, que integre plenamente al capital social en la responsabilidad de la resolución de los más importantes problemas de nuestro país, que regenere una dinámica popular -pueblo por pueblo y barrio por barrio- y amuralle la posición de las instituciones en torno a los principios ético y democrático.

Pero, el lehendakari debe gestionar la agenda también con cautela. No puede haber agentes imprescindibles que, por ser así tratados, ejerzan el derecho al veto. Aunque Euskadi es plural y su integración popular democrática exige soluciones que hagan justicia y den juego –ético y democrático- a dicha pluralidad. El dilema, claro está, es que el nuevo modelo de convivencia que se pretende para las próximas generaciones se resuelva atendiendo al requerimiento del pacto o, alternativamente, al de la fuerza. Nosotros, desde luego, estamos por el pacto. No tiene otra solución una situación en la que, como resalta el lehendakari en su discurso "el parlamento vasco no puede imponer su decisión al parlamento español, pero tampoco el parlamento español puede imponer su decisión al parlamento vasco".

*Joxan Rekondo en www.goizargi.com